El veredicto: ¿de la justicia o de las urnas?

“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Así resumió el fiscal Diego Luciani su acusación contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Por eso pidió que la condenen a 12 años de cárcel y quede inhabilitada de por vida a ocupar cargos públicos. El fiscal se refiere al caso conocido como “vialidad”, en el que señala a la exmandataria como la líder de una organización criminal que en su gestión de gobierno (2007-2015) adjudicó ilícitamente 51 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez, un hombre de confianza de la familia Kirchner, quien pasó de ser cajero de un banco a convertirse en un multimillonario empresario de la construcción.

La Fiscalía argumentó que unos 1.000 millones de dólares de fondos del Estado se perdieron en este entramado de corrupción, que supuestamente tenía como fin beneficiar económicamente a los Kirchner, a sus socios, algunos familiares y allegados.

La diputada Mariana Zuvic, oriunda de la provincia de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, fue una de las primeras que en Argentina comenzó a investigar y denunciar las maniobras corruptas en las licitaciones de obras viales otorgadas a Lázaro Báez. En declaraciones a #Janiot PM se refirió a la forma en que el también expresidente, Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández se enriquecieron.

“Este proceso duró del 2003 al 2015, fue sistémico y fue sistemático. Y de esa manera el circuito era perfecto. Lo que hacían era que a través de los sobreprecios, ingresaba ese dinero a las cuentas de Lázaro Báez, y este luego depositaba ese dinero a las cuentas del matrimonio Kirchner a través del alquiler de hoteles (de propiedad de los Kirchner) y simulación de contratos de servicios para el lavado del dinero”.

La vicepresidenta ni siquiera ha reconocido un gravísimo conflicto de intereses emparentado con la corrupción. ¿Cómo puede un presidente beneficiarse comercialmente de un empresario favorecido en licitaciones públicas?

Cristina Kirchner ha rechazado las acusaciones y asegura que es víctima de una persecución política. “Ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guion bastante malo, por cierto, además de falso, nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”, dijo entre otras cosas, bastante exaltada en una exposición transmitida en sus redes sociales.

Cuando le pregunté a la diputada Zuvic sobre las pruebas que presentó el fiscal Luciani para acusar a la expresidenta, me contestó: “Hay tres toneladas de pruebas”. Entre ellas mencionó las relaciones comerciales entre los Kirchner y Lázaro Báez, el nombramiento de personas allegadas a cargo de la adjudicación de contratos, decretos con partidas extra presupuestarias que beneficiaban directamente a las empresas de Báez y la creación de un fideicomiso para evitar los controles.

De las cinco causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta, esta es la primera que avanza en un juicio en el que la Fiscalía pide una condena tan contundente. Y ya es un logro que la justicia argentina haya llegado a este punto en un caso contra una de las figuras más poderosas en la historia reciente del país. Pero ha tardado mucho tiempo. Desde la primera denuncia en 2008 hasta el pedido de condena de la Fiscalía, ya han transcurrido 14 años.

Hasta ahora la vicepresidenta no ha presentado pruebas que la exoneren. Se defiende acusando a sus opositores. También los señala de corruptos. Es como si dijera a mí no me pueden acusar de robo, porque ustedes también roban. Si está en lo correcto, lo debería denunciar para que la justicia también los investigue.

En el caso de Cristina, los jueces y fiscales actúan bajo una gran presión, en un país donde el peronismo, este movimiento populista que ha dejado su marca en Argentina desde los años 40, sigue siendo una fuerza viva, con grandes bastiones bajo su control.

Desde el presidente Alberto Fernández que dijo que todo lo que había escuchado del fiscal Luciani era “un sinfín de disparates jurídicos”, hasta ministros, gobernadores, alcaldes, líderes sindicales y las bases peronistas han defendido a la líder de su partido con fervorosos mensajes y nutridas manifestaciones de apoyo.

Es hora de que el Gobierno mantenga la prudencia y respete la separación de poderes para que la justicia avance. Así sea muy, pero muy lentamente. Aún falta un largo camino por recorrer. Cuando se conozca el veredicto, si le es adverso, la expresidenta podría apelar a instancias superiores que podrían llegar hasta la Corte Suprema.

Además, no tendría ningún impedimento para aspirar a ser reelegida en el Congreso y de esa manera mantener su inmunidad parlamentaria, lo que la blinda de cualquier orden de captura. Además, la vicepresidenta podría solicitar el arresto domiciliario a partir de los 70 años, y Cristina tiene 69 años de edad.

Los argentinos tendrán que llenarse de paciencia. El desenlace de esta historia judicial está lejos de conocerse, aunque los argentinos tienen la sartén por el mango de cara a las elecciones del próximo año. Lo mínimo que uno puede esperar es que el electorado se informe y ejerza la capacidad de dudar, y a lo mejor al final, de cuestionar.