Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.
En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato.
Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York.
Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.
La renuncia
En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.
“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.
El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.
Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”.
De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.
El modus operandi
Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón:
- Oferta de jubilaciones adelantadas.
- Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
- Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
- Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
- Una carta de renuncia previamente redactada.
- Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
- Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
- La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.
A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.
Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.
El negocio bancario
En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición.
Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF. Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.
Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.
Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.
Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos.
Como un delincuente
El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.
La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.
Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.
La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017.
A las salidas forzadas se fueron sumando varias más, incluyendo el despido de Soraya Lazcano después de 24 años de servicio en el área de relaciones externas. Al terminar una licencia no remunerada para continuar sus estudios en comunicaciones y mercadeo en Estados Unidos, la presionaron varias veces para que renunciara y se negó. Ella también tomó una acción judicial contra CAF.
“Me parecía una injusticia y una arbitrariedad con tantos funcionarios y pensé que esto no podía pasar desapercibido. Yo no me puedo quedar callada”. Entonces decidió junto con otros exfuncionarios poner en conocimiento de las más altas directivas del banco el injusto manejo laboral al interior de la institución.
Las denuncias
Las primeras seis quejas llegaron a la reunión del directorio en noviembre de 2018, después de que algunos de los funcionarios le habían escrito directamente al presidente ejecutivo, sin recibir respuesta. Le pedían al directorio investigar sus denuncias.
En su misiva, Soraya Lazcano escribió: “Entre estos abusos y maltratos, se destacan una serie de despidos no solo injustificados y en algunos casos ilegales, sino, además, realizados con prepotencia, maltrato, arbitrariedad y desconsideración, en forma totalmente contraria a las prácticas usuales de CAF, saltándose no solo toda norma de convivencia corporativa, sino esenciales principios éticos y jurídicos establecidos en diversos instrumentos que regulan las relaciones laborales, las cuales la institución está llamada a respetar”.
Carta de Soraya Lazcano http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/SLazcano_CartaalPresidenteDirectorio_CAF_20Nov18.pdf
Ricardo Sigwald, el consultor jurídico alcanzó a secundarla con un correo electrónico enviado al presidente del directorio: “La gestión de la actual administración se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones, y por la prepotencia y desconsideración con que se trata a los funcionarios. Se ha despedido a una gran cantidad de ellos sin causa o alegando causas inexistentes, mientras que en otros casos se ha usado la coerción para obtener renuncias violando las más elementales normas éticas”. Añade: “Sobresalen por su gravedad los casos de quienes hemos sido despedidos por dar opiniones técnicas”.
Email enviado por Ricardo Sigwald http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-de-exconsultor-juridico-CAF.pdf
También lo hizo Gonzalo de Castro, quien como él mismo lo describe en su carta, fue “intempestivamente compelido a renunciar, bajo coacción y amenaza, a mi posición de Ejecutivo Senior”. Trabajaba como expatriado en las oficinas de CAF en España. En otros apartes de su carta se puede leer:
“Se trata de una gerencia de la extorsión, de la coacción, del abuso y del capricho, algo completamente ajeno a las prácticas que por más de dieciséis años observé en CAF. Al momento de coaccionarme para que renunciara, no solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad, sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar”.
Carta de Gonzalo de Castro http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-de-Gonzalo-de-Castro-modif.pdf
La auditora general de entonces, Mayra Andrade, se unió a esas primeras voces de alerta. En su carta al presidente del directorio, acusó directamente a la vicepresidenta de administración, Elvira Lupo, de amenazas, de intentar usar las funciones de la auditoría contra una funcionaria en particular con el ánimo de despedirla y de “inventar” argumentos para forzar su renuncia. Si se oponía a la orden, la despedirían como la auditora general de CAF. “Debo confesarle que nunca antes en mi vida profesional, fui tratada de esa forma”, manifestó la señora Andrade.
Carta de Mayra Andrade http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-de-Mayra-Andrade.pdf
Las primeras cartas y mensajes que llegaron al presidente del directorio, según me contó Soraya Lazcano, causaron cierta conmoción, pero tal vez, dice, no era el momento para actuar, porque Carranza llevaba poco tiempo en el cargo. Los denunciados abusos laborales y cuestionables manejos internos del negocio de aprobaciones continuaron sucediendo en los años siguientes.
Renuncias obligadas
Yo misma tuve acceso a un audio grabado por un exempleado del banco al momento en que procedían a su “separación, efectiva de inmediato”.
La grabación, que se quiere mantener en reserva, muestra claramente las tácticas usadas por funcionarios de recursos humanos para salir del personal “no deseado”. En un tono controlado e impersonal, ofrecían la opción de firmar una carta de renuncia que ya tenían escrita, “pero si no quieres firmar la carta de renuncia, tal cual está planteada, nos vemos en la obligación de ir por la notificación del despido justificado”, la cual, al igual que la renuncia, estaba previamente escrita.
Ante el asombro de la víctima, los directivos aumentaban la presión para que tomara una decisión de inmediato: “Después de esta conversación, tenemos que salir con una u otra de las documentaciones en nuestras manos”. Sin ninguna consideración, desde ese momento se le impedía al empleado su acceso al edificio y a la plataforma tecnológica de CAF.
Al preguntar la razón de su “separación”, esta persona que estaba siendo chantajeada a cambio de evitar un despido “justificado”, nunca escuchó ningún tipo de argumentación detallada que justificara su salida y mucho menos tuvo derecho a su legítima defensa.
Para efectos de respetar su anonimato, no ofreceré información adicional sobre esta grabación en la que escuché un triste incidente de humillación laboral.
Ambiente de terror
A medida que fueron avanzando los despidos y las “forzadas renuncias voluntarias”, también se implementaron políticas administrativas que muchos vieron más acorde a “un régimen militar” que a un organismo financiero multilateral donde, en general, se ingresa tras contar con las mejores credenciales.
Con el ascenso de Elvira Lupo a la vicepresidencia de administración, fue ganando mayor poder. Las áreas de recursos humanos, logística, compras, seguridad, presupuesto, contabilidad y operaciones le reportan directamente a su vicepresidencia.
“Lupo tiene todo el poder. Es ella quien toma las decisiones en CAF, porque Carranza estaba ausente”, me dijo uno de mis entrevistados que quiere mantener su nombre en reserva.
El hostigamiento también se sintió cuando la vicepresidenta implementó el programa “SOL” (Seguridad, Orden y Limpieza) con mucha rigurosidad, como me explicó Alejandra Claros, una diplomática de carrera que ocupaba el cargo de coordinadora de secretaría de CAF, adonde llegó después ser la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.
Según me contó, en las oficinas del banco no está permitido tener más de dos fotos en el sitio de trabajo ni objetos que no sean relacionados al organismo, como recuerdos de viajes, dibujos de los hijos o libros que no sean de uso laboral.
Tampoco pueden tener más de una planta ni tomar café en el escritorio. “Los encargados pasaron puesto por puesto para evaluar qué cosas podían permanecer en tu lugar de trabajo. Incluso, te revisaban los cajones del escritorio”. Y agregó: “Venían con una bolsa de basura… Mucha gente terminó llorando cuando veía que sus recuerdos los tiraban a la basura”.
Claros me comentó cómo se puso en marcha un sistema en el que mensualmente los funcionarios de CAF reciben un reporte gráfico y a color de las horas de llegada y salida a las oficinas. (Aquí el gráfico de entrada y salida http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Grafico-de-horarios-CAF.jpg) En rojo figuran los días en los que el empleado llega a trabajar más de 5 minutos tarde, y en amarillo en los que lo hace hasta 5 minutos después de su horario. “Es como un semáforo y te implica que no puedes ascender o tomar créditos”, me relató Alejandra Claros.
Según ella, con esta medida los funcionarios sentían mayor presión por llegar a tiempo. Tenían que esperar en fila a la entrada de los ascensores ante la aglomeración de empleados. Incluso, se congestionaban los ingresos a los estacionamientos de las oficinas.
La administración tampoco autorizaba permisos para atender asuntos personales como reuniones en el colegio de los hijos. “Tenías que sacar un día de vacación y no permitía que te quedes más tiempo en el trabajo, porque eso implicaba que eras ineficiente. Si salías más tarde, tu salida era roja”, aseveró Claros.
Según el testimonio de la excoordinadora de secretaría, al llegar la pandemia, todo el personal de CAF (alrededor de 650 empleados en distintos países) fue obligado a trabajar en sus oficinas, sin permitirles el trabajo remoto a pesar de que el banco no opera con atención al público y que algunos funcionarios debían tomar transporte público, exponiéndolos al contagio.
Esto incluía, de acuerdo a otras entrevistas, a personas asmáticas o con otras condiciones de salud que los exponían en mayor riesgo. A pesar de que se implementaron estrictas medidas de protección, higiene y distanciamiento, alrededor de 80 empleados se contagiaron, lo que obligó a CAF a establecer turnos de trabajo.
Alejandra Claros se quejó de que “han sido abusivos en pandemia porque algunas personas que se han enfermado, les han pedido su renuncia. ¿Qué más humillaciones te pueden hacer?”, se preguntaba.
Otra funcionaria me habló del conflicto de interés que existe en el Comité de Ética, una instancia a la que pueden acudir los funcionarios para ventilar sus quejas. Pero el comité está integrado por algunos de los directivos hacia quienes apunta la mayor cantidad de denuncias de maltrato y acoso como Elvira Lupo, (vicepresidenta de administración, quien además integra el comité de transparencia) y Javier Mejía (recursos humanos y secretario del comité de transparencia), por lo que resulta inoperante debido a que los empleados tienen temor a denunciar. Entre otros directivos que fueron blanco de quejas figuran Víctor Rico (secretario general e integrante del comité de transparencia) y Ana María San Juan (directora de iniciativas regionales).
Recursos sin supervisión
Otra de las observaciones que señalaron algunos de los exfuncionarios consultados tiene que ver con los miles de millones de dólares que aprueba CAF anualmente. Como se puede ver en los reportes anuales, la mayoría del dinero se destina a líneas de crédito, muchas renovadas, a bancos e instituciones financieras públicas y privadas, esto sin contar los montos en operaciones swaps y PBLs. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué CAF aprueba mucho más dinero para bancos de la región en lugar de destinar gran parte de sus recursos a proyectos de desarrollo?
Según las fuentes consultadas que tuvieron acceso a la información financiera en CAF, estas líneas de crédito, en su mayoría, son de libre disponibilidad y son consideradas operaciones para capital de trabajo de los bancos y las entidades financieras. “Son líneas de crédito que no le agregan valor al desarrollo de la región y, por lo general, no se pide rendición de cuentas”.
Como me dijo Juan Francisco Blásquez, otro funcionario coaccionado a renunciar, “se busca de alguna manera que estos recursos lleguen a proyectos que tengan algún impacto en la sociedad, pero no se ejerce ningún control sobre el uso de esos recursos”. ¿Cómo se explica la falta de seguimiento y supervisión a las multimillonarias aprobaciones de las líneas de crédito?
A través de la Dirección de Comunicación Estratégica, le envié estas y otras preguntas que resumían los cuestionamientos sobre el manejo del personal, al Presidente Ejecutivo y a la Vicepresidenta de Administración. Después de esperar unos días, me remitieron al comunicado en el que se informa sobre el retiro de Carranza y el balance de su gestión.
Comunicado de CAF https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/el-presidente-de-caf-se-retira-de-su-cargo-dando-paso-a-una-nueva-administracion/
En sus declaraciones, Carranza ha hecho énfasis en el ahorro y en los esfuerzos de autoridad, pero al analizar los gastos administrativos durante sus años de gestión al frente del Banco de Desarrollo de América Latina, sus propios informes financieros muestran que aunque hubo un ahorro en 2019, en promedio los gastos no financieros se incrementaron durante la presidencia de Carranza (2017-2020).
Muy cuestionada también fue la decisión de nombrar como asesora de la presidencia de CAF a la señora Susana Pinilla, luego de que las autoridades peruanas la consideraran prófuga de la justicia.
Antes de unirse a CAF en 2012 como representante del banco en Panamá, Pinilla, exministra peruana de Trabajo y de la Mujer, había sido una de las directoras de CORPAC, la corporación que proporciona los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Perú.
En febrero de 2019, la justicia peruana la sentenció a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. El caso tenía que ver con pagos injustificados para la construcción inconclusa de una nueva sede de CORPAC.
A partir de esta condena, Pinilla fue suspendida como la directora representante de CAF en Panamá, pero en una decisión que muy pocos se explican, al año siguiente, fue nombrada asesora de la presidencia de CAF en Panamá hasta que en enero de 2021, según me informan, presentó su renuncia.
El detonante de la renuncia de Carranza se dio después de la más reciente reunión del directorio el 2 de marzo, cuando se leyeron las cartas de 10 exfuncionarios, incluyendo las enviadas en 2018, en las que se denunciaban los abusos laborales y se solicitaba la conformación de una comisión investigadora de las prácticas internas de CAF.
Una de esas cartas fue precisamente la de Alejandra Claros, la cual fue expuesta en un tweet del expresidente de Bolivia Evo Morales el 28 de febrero imprimiéndole más presión al directorio de CAF para que actuara de inmediato.
Aparte de las hostilidades que he enumerado en este artículo, Claros menciona un “cambio de sede de facto” de Caracas a Perú, donde se instaló Carranza desde que llegó a CAF, “acción que transgrede el propio convenio (constitutivo de CAF) que fue firmado y ratificado por todos los países miembros”.
En su misiva, Claros también explica el motivo por el que, según dice, la separaron del cargo. Hace referencia a las denuncias presentadas en forma escrita y verbal sobre la conducta del secretario general de CAF, Víctor Rico, quien era su jefe y boliviano de nacionalidad, al igual que Claros.
“El señor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana a favor de un cuñado. El Secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como exjefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”.
Claros, quien presentó una acción judicial contra el banco, se negó a esta solicitud y a otra “para que interceda y se pueda resolver un proceso administrativo en Bolivia, porque sus cuentas bancarias están congeladas. Yo me niego y él empieza a utilizar métodos de presión y de acoso”.
Al día siguiente de llevar su caso al Comité de Ética, el 14 de noviembre de 2019, la CAF le solicitó su renuncia. “Les rogué que me den hasta junio que mi hijo terminaba el colegio y que yo iba a ver qué hacía porque mi situación era insoportable. No me dieron la oportunidad ni de un día. Y me dijeron que si yo no renunciaba, me iban a sacar con las personas de seguridad”.
A la carta de Alejandra Claros, en la que habla de violencia y acoso laboral, se sumaron la de otros exfuncionarios.
Carta de Vicky Furió http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Denuncia-formal-Vicky-Furio-DirectorioCAFNov2018.pdf
Carta de Jorge Horacio Kogan http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Memo-Caso-JHK.pdf
Carta de Juan Francisco Blásquez http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-PE-CAF-caso-JFBC.pdf
Uno de ellos, Juan Francisco Blásquez me dijo que después de 40 años de servicio a CAF con una hoja de vida intachable, su jefa inmediata Gloria Gamero “buscó la forma de que la CAF me hiciera una amonestación, argumentando estupideces. Manifesté que no estaba de acuerdo con su contenido porque era falso. Se argumentaba de que yo no tenía espíritu de trabajo en equipo, que lo que yo hacía no contribuía con los propósitos de la dirección. Una sarta de tonterías”.
Blásquez dice que llevó su queja ante el Comité de Ética y eso fue suficiente motivo para que lo despidieran, sino aceptaba renunciar. “El Comité de Ética para nada funciona. La misma que lo preside, es la misma que hostiga”, concluyó.
Juan Francisco es un expatriado y dice que CAF se ha negado a entregarle documentos e información que necesita con el fin de regularizar su situación migratoria en un país que no es el suyo. “Estoy a la deriva”.
Tras su renuncia, el saliente presidente de CAF ha ofrecido algunas declaraciones a medios de prensa (El Comercio https://bit.ly/2PCG8XB / La República https://bit.ly/3rTUlMM), las cuales son rechazadas por decenas de exfuncionarios de CAF (El País https://bit.ly/3unyfnE) que se han organizado en una asociación, y desde donde están dispuestos a declarar ante la comisión encargada de investigar los abusos que han denunciado para que puedan hacer un trabajo serio e imparcial. También quieren que los “acosadores” que aún continúan en el banco con sus “tácticas temerarias”, asuman su responsabilidad.
Aseguran que sus denuncias no están vinculadas a ninguna politización o a ningún desacuerdo con “la eficiencia y meritocracia” y que sus renuncias no fueron “voluntarias” como ha expresado Luis Carranza. Dicen que esta afirmación es “falsa y temeraria” y desconoce la validez de sus reclamos.
Carta de asociación de exfuncionarios de CAF http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/DECLARACION-PUBLICA-Exfuncionarios-de-CAF.pdf
Al respecto, Soraya Lazcano afirmó: “Aquí no es un tema político. Yo pienso honestamente que a Carranza le quedó grande el cargo y no tiene mejor manera que lavarse las manos y decir hasta luego, me hago a un lado”.
Otro exfuncionario de alto nivel destacó que Carranza se va “generando mayor polarización con sus mensajes, en los que ataca específicamente a países. Esto no se hace”.
Los retos
El desafío lo tiene a partir de ahora el directorio, que, para los efectos prácticos, es la máxima instancia de gobernanza de CAF (aunque los estatutos determinan que es la asamblea de accionistas). Los directores tendrán que establecer un calendario viable para realizar un proceso transparente de selección del presidente ejecutivo, en el que los países puedan designar a sus candidatos y estos a su vez presentar sus planes para el banco, se valoren sus programas y se elija sin apresuramientos.
Por ahora suenan los nombres de candidatos de corrientes políticas opuestas y algunos países quisieran acelerar el nombramiento del sucesor de Carranza antes de que se realicen las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, porque el resultado de esos comicios podría inclinar la balanza hacia cierta tendencia política, lo que podría determinar la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de CAF.
Si el candidato decide escogerse por votación, cualquier candidatura que tenga un tinte político ganaría por pocos votos en una elección muy cerrada y sería un triunfo conflictivo. Ese no es el escenario deseado si la polarización comienza a ganar terreno en el organismo.
Lo sensato sería encontrar una tercera candidatura de consenso, que combine en ese líder talentos técnicos con un buen manejo de relaciones externas, manteniendo su independencia frente a las diferencias políticas. Aún mejor si la elección se hace por unanimidad, tal como ocurrió con los cinco procesos en los que se escogió a Enrique García, el antecesor de Carranza.
Los retos para CAF no son pocos al prestarle dinero a una región que el propio Carranza describe como “la más golpeada del mundo por la crisis de la pandemia. Su recuperación va a estar por debajo del promedio mundial”.
El banco tendrá que aumentar su inversión social para ayudar a millones que quedaron por fuera del mercado laboral. Tendrá que pensar en aumentos de capital y en acceder a los mercados financieros internacionales. Pero antes está en la obligación de arreglar su crisis interna, reconstruir su reputación y eso será difícil sin afectar su calificación de riesgo.
Para lograrlo, el sucesor de Carranza tendrá que ser hábil en el manejo de las relaciones con sus socios. Lo debe hacer con independencia, autonomía y al margen de las corrientes opuestas o la política de turno de la región.
Lo que suceda en CAF tendrá efectos directos en el desarrollo de Latinoamérica. Este organismo que, bajo el liderazgo de Enrique García, el antecesor de Luis Carranza, se destacó por haber lidiado con eficacia e independencia décadas de vaivenes políticos en la cooperación regional, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral, junto con el BID y el Banco Mundial.
Presta alrededor del 30% de los recursos para nuestros países, hasta ocupar el primer lugar en aprobaciones a proyectos de infraestructura. Según el reporte anual de CAF, en 2020 desembolsó recursos por un total de 10.383 millones de dólares destinados a atender la capacidad de respuesta de diferentes gobiernos y entidades frente a las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia.
Y ante el empobrecimiento de la región, hoy más que nunca Latinoamérica necesita de este tipo de organismos sin los cuales la recuperación económica y social será más difícil. Es hora de que CAF se encarrile con un buen timonel.
Nota: Colombianitos e Innovadores de América, dos organizaciones a las que he estado vinculada en sus juntas directivas, han recibido en el pasado fondos de cooperación técnica no reembolsables de CAF.
Muy buena investigación. Precisamente ese modelo es el mismo que quieren imponer en el Peru, desconociendo derechos laborales de las personas. El fujimorismo quiere que el neoliberalismo actue en Peru a toda su maquinaria y con un funcionario como Carranza estamos fregados.
Muy buena investigacion Patricia, gracias por mostrar la verdad de este personaje que hoy viene a mi patria el Perú, a integrar el equipo de gobierno de keiko Fujimori. Entre autoritarios se juntan para hacer lo que quieren del país.
LO QUE SUCEDE EN CAF NO DEBE EXTRAÑARLE A NADIE, ESTOS ABUSOS Y ARBITRARIEDADES VIENE OCURRIENDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS.
Las denuncias que han salido a la luz recientemente NO son una novedad, estos abusos de poder, acosos, invitación a renunciar y evaluaciones de desempeños negativas para humillar y desmoralizar al empleado han sido prácticas generalizadas en CAF desde siempre, la única diferencia es que estas violaciones eran cometidas solamente contra el personal de bajo rango (para muchos invisibles dentro de CAF).
Antes del actual ex presidente, sr. Carranza ocurrieron innumerables despidos en situaciones idénticas a las hoy denunciadas, pero la voz de estos ex empleados removidos de su cargo de manera injustificada, ilegal, abusiva y humillante a nadie importó por no tener cargos influyentes.
Adicionalmente CAF tiene años mal pagando o totalmente despojando del pago de prestaciones sociales y demás beneficios laborales a muchos despedidos, alegando que poseen “inmunidad de jurisdicción” que los hace inmune a cualquier ley o tribunal, pese a que la Cancillería de Venezuela, donde se encuentra la sede principal del Banco, le ha comunicado que su inmunidad de jurisdicción no debe ser confundida con impunidad y que deben ajustarse a las leyes de país que los acoge.
Los actores siguen siendo los mismos (Leopoldo Gómez, Javier Mejías, etc.), empleados que asumen rol como si de su hacienda personal se tratase.
Lic. Janiot, le escribo con conocimiento de causa ya que fui despedida de CAF injustificadamente HACE 7 AÑOS y tengo OTROS 7 años luchando contra el abuso de esa organización poderosa que infringe la ley aparentando ser una organización digna y protectora de los pueblos y las minorías vulnerables, para que me paguen mis prestaciones sociales ajustadas la ley. Al igual que otros empleados injustificadamente despedidos continuo en mi lucha para que se respeten mis derechos laborales y humanos.
Gracias por que personas como usted desenmascara a los directivos de organizaciones que como CAF se muestran como benefactoras de la humanidad cuando en realidad son entes corrompidos e inmorales.