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La jugada sucia

El presidente Donald Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden, a pesar de haber sufrido numerosos reveses legales. Los jueces han desestimado más de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.  

En otros casos, los demandantes han abandonado los pleitos y, como si fuera poco, algunos de los abogados del presidente han decidido no seguir representándolo. ¿La razón? No han mostrado evidencias que prueben un fraude masivo, especialmente de los votos enviados por correo, como lo quiere hacer creer el mandatario.

El presidente necesita victorias judiciales. De alguna manera, quiere demorar la resolución de los casos para justificar una alternativa con la que ha venido coqueteando y que ha sido promovida por él mismo y algunos de sus prominentes aliados desde el día de la elección.

Se trata de un plan de contingencia contemplado por las leyes y la Constitución de los Estados Unidos que abriría las compuertas a una crisis institucional. En este caso representaría el robo de la elección a Joe Biden, quien obtuvo 306 votos electorales versus 232 alcanzados por Trump.

Colegio Electoral

Esta peligrosa estrategia gira en torno al Colegio Electoral. Recordemos que en Estados Unidos no se elige al presidente por el voto popular en una elección a nivel nacional, como ocurre en la mayoría de los países. La presidencia en EE.UU. se gana estado por estado. Es un sistema complejo y básicamente funciona de la siguiente manera: 

  • Cada partido escoge a los miembros del Colegio Electoral en los 50 estados de la nación, más el distrito de Columbia, y generalmente son elegidos en sus convenciones estatales. Estas personas escogidas -también llamadas electores- son leales al partido y vinculadas a la maquinaria política. 
  • Los estados tienen asignado un número específico de electores, de acuerdo a su representación en el Congreso Nacional (diputados y senadores).  Por ejemplo, California tiene 55 electores, porque posee 53 diputados y 2 senadores. Conforme a esta fórmula, Texas tiene 38 electores, Michigan 16, Idaho 4 y el resto de estados que se van sumando para un total de 538 electores que integran el Colegio Electoral.
  • Los candidatos compiten por ganar electores del Colegio Electoral. Quien obtenga la mayoría del voto popular en un estado, gana todos los electores de su partido en ese estado. Hay dos excepciones: Maine y Nebraska que asignan algunos de sus electores por distritos.
  • En una fecha posterior a la elección, establecida por la Constitución, los miembros del Colegio Electoral votan a favor de sus respectivos candidatos en una reunión protocolaria en las capitales de cada estado. El candidato que obtiene 270 votos electorales, (la mayoría de 538) gana la presidencia. 
  • La Carta Magna de Estados Unidos establece en su artículo II, sección 1 https://bit.ly/3nL8c6p que los electores se deben nombrar en cada estado de la manera en que la legislatura estatal lo decida. Esto es ratificado por la Ley Federal https://bit.ly/2J4Zn8o una legislación de 1.887, que determina que en la eventualidad de unas “elecciones fallidas”, son los congresos de los estados los encargados de designar a los electores del Colegio Electoral. Pero para que las legislaturas tomen este paso extremo, tendrían que declarar que la ciudadanía no logró o no pudo elegir al presidente.

El problema es que en EE.UU. la interpretación de unas “elecciones fallidas” no se ha puesto a prueba en más de un siglo y Trump lo estaría intentando ahora. Su estrategia legal liderada por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, busca victorias judiciales en varios estados para crear confusión y desconfianza sobre la legalidad y la integridad de los comicios, predicando la idea de una elección amañada y plagada de supuestas irregularidades.

Pero resulta que a pesar de la pandemia y las denuncias de Trump, hubo una participación sin precedentes (más de 153 millones de personas votaron), en unas elecciones que el propio Departamento de Seguridad Nacional calificó como las más seguras de la historia. 

Adicionalmente, la diferencia en votos a favor de Biden es clarísima: la ventaja del demócrata sobre el presidente Trump aumentó a 6 millones de sufragios a nivel nacional. 

Legislaturas en la mira

No obstante, el presidente pretende abonar el terreno para que algunos estados claves en donde las legislaturas locales están dominadas por su partido, designen a los electores republicanos que votarían por él en el Colegio Electoral. Es una jugada sucia que intentaría anular la voluntad popular en algunos estados que ganó limpiamente Biden y así darle el triunfo a Trump.

No es casualidad que las demandas de la campaña presidencial se hayan concentrado en estados como Pensilvania, Georgia, Arizona, Michigan y Wisconsin donde las legislaturas locales son controladas por los republicanos.

Para que el plan perverso sea exitoso, Trump tiene que convencer a muchos republicanos, no en uno, sino en por lo menos tres estados para que no certifiquen los resultados, ignoren el triunfo de Biden, hagan caso omiso de las decisiones judiciales que han desestimado un fraude y simplemente violen las reglas democráticas, impongan su voluntad al anular el voto de la ciudadanía y designen los electores del partido perdedor.

El mandatario ya se reunió en la Casa Blanca con líderes de la legislatura de Michigan, quienes dijeron que no tenían información que cambiaría el triunfo de Biden en ese estado. El presidente también planea reunirse con diputados republicanos de Pensilvania. Además, llamó personalmente a dos funcionarios electorales que se opusieron al proceso de certificación de la votación en Michigan.

Muchos coinciden en que es muy poco probable que Trump logre sabotear la elección y arrebatarle la victoria a Biden, porque tendría que lograr no solo la complicidad de legisladores locales, sino de muchos congresistas que arriesgarían su futuro político y tendrían que enfrentar la ira de buena parte de la ciudadanía que interpretaría esta afrenta como un golpe de Estado.

Además, entre la certificación de los resultados, la reunión del Colegio Electoral y la toma de posesión del presidente existen varios pasos que se deben cumplir estrictamente.

El calendario https://bit.ly/3fuLKfa

Los funcionarios electorales deben, primero, certificar los resultados de las elecciones. Cada estado establece la fecha. En general, esa certificación de resultados se oficializa con la firma del gobernador de cada estado. Luego se envía una copia al Archivo Nacional y las otras copias a los miembros del Colegio Electoral de cada estado.

Diciembre 8: La fecha es conocida como safe harbor. Es el plazo dado para, en caso de haber disputas en los comicios, los estados resuelvan sus controversias y definan cuáles electores, entre los demócratas o los republicanos, deben participar en el Colegio Electoral. Si las diferencias continúan después de esta fecha, el Congreso Nacional debe decidir cuáles votos electorales acepta, a menos que intervenga la Corte Suprema.

Diciembre 14: Este es el día crucial cuando se reúne cada delegación de electores del Colegio Electoral en las capitales de cada estado. Cada uno de los 538 electores emite dos votos: uno por el presidente y otro por el vicepresidente, y esos votos deberían coincidir con el nombre del ganador oficial de las elecciones en cada uno de los estados.

Pero si las legislaturas controladas por los republicanos en los estados donde Trump quiere revertir los resultados, montan una conspiración contra Biden y asignan su propia delegación de electores, se podría dar el escenario de dos grupos de electores: uno votando por Biden y otro por Trump, y el meollo del asunto es que solo puede haber un ganador por cada estado.

Esta hipótesis parece muy poco probable, especialmente porque no hay pruebas de fraude y las demandas de la campaña de Trump han fracasado casi en su totalidad en las cortes inferiores. Esto disminuye la posibilidad de que las disputas lleguen a la Corte Suprema donde la balanza de la justicia se inclina hacia los republicanos. 

Sin embargo, el Colegio Electoral puede arrojar otro tipo de sorpresas. La historia ha tenido unos cuantos miembros “desleales” https://bit.ly/3lV9TOi que fueron los que violaron su compromiso y no votaron por el candidato ganador de su partido. La buena noticia es que esos renegados no han logrado alterar el resultado de ninguna elección. 

En los comicios presidenciales de 2016, 7 de los 538 electores del Colegio Electoral rehusaron votar por Donald Trump o por Hillary Clinton, y lo hicieron por otros candidatos o precandidatos. Asimismo, 6 electores rehusaron votar por los candidatos a la vicepresidencia.

A estos miembros del Colegio Electoral los reemplazaron, los multaron o los expulsaron del partido. El caso de los electores castigados llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que este año se pronunció de manera unánime al determinar que las leyes estatales pueden remover o castigar a los electores que incumplan su compromiso de votar por el candidato de su partido, y más aún cuando se trata del ganador del voto popular.

Diciembre 23: Este es el plazo que tienen todos los estados para enviar por correo al presidente del Senado, es decir, al vicepresidente republicano Mike Pence, los certificados de los votos electorales junto con los certificados de los resultados de las elecciones. Copias de los certificados también son enviadas al Archivo Nacional, a funcionarios estatales y al juez de distrito de cada jurisdicción donde se reunió el Colegio Electoral.

Enero 3: Se posesiona el nuevo Congreso Nacional en Washington.

Enero 5: Se realizan las elecciones de segunda vuelta para escoger a dos senadores nacionales en representación del estado de Georgia. Los republicanos necesitan ganar estos dos asientos para mantener su mayoría en la Cámara Alta. Si ganan los demócratas, tendrían el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Enero 6: La Cámara de Representantes y el Senado se reúnen en una sesión conjunta del Congreso para contar formalmente los votos del Colegio Electoral. La sesión es presidida por el vicepresidente Mike Pence, quien, con la ayuda de otros congresistas, debe contar los votos de cada estado por orden alfabético.

¿Qué pasaría si hay uno o más estados que envían votos para Biden y para Trump de dos diferentes grupos de electores?

Con la Cámara Baja controlada por los demócratas y el Senado por los republicanos, esta posibilidad es una receta para un drama legislativo de grandes proporciones. Los demócratas podrían detener el proceso y presentar objeciones. Este hipotético escenario podría suceder si Trump tiene éxito en su plan, al que casi todos los analistas políticos le auguran otro gran fracaso.

La ley establece claramente que si en la lectura de los votos electorales de un estado se presenta alguna objeción, no se puede dar paso a la lectura del resultado del siguiente estado hasta que esa disputa u objeción sea resuelta. 

Las objeciones

Para presentar una objeción https://bit.ly/2IZsM4n los congresistas deben hacerlo por escrito y contar con las firmas de, por lo menos, un senador y un representante de la Cámara Baja. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado tienen que reunirse por separado en una sesión que no puede durar más de dos horas, y cada miembro tiene un tiempo máximo de 5 minutos para exponer sus argumentos.  

Cada cámara vota por separado para aceptar o rechazar la objeción. Luego se reanuda la sesión conjunta para que la Cámara Baja y Alta presenten su decisión. Si están de acuerdo con la objeción, los votos en cuestión no se cuentan. 

Si ambas cámaras están en desacuerdo con la objeción presentada, se deben contabilizar los votos electorales que hayan sido certificados por el gobernador o la autoridad ejecutiva del estado. El espíritu de este mecanismo busca que haya diálogo y negociación para buscar un consenso.

¿Qué pasaría si la Cámara Baja vota a favor de la objeción y el Senado la rechaza?

Con un congreso dividido, ambas cámaras pueden tomar decisiones opuestas y una objeción derivaría fácilmente en un punto muerto. Para resolver esa encrucijada, la Constitución contempla una elección de contingencia.

Elección de Contingencia

Si no hay un acuerdo en el conteo de los votos del Colegio Electoral, o si ningún candidato recibe la mayoría de los votos, o incluso si hay un empate, se tiene que realizar una elección de contingencia.

Esta elección del presidente la ejecuta la Cámara de Representantes donde cada estado tiene derecho a un voto y gana el que obtenga una mayoría simple, siempre y cuando haya un quórum de dos terceras partes de los estados. En ese escenario los republicanos tendrían ventaja, porque cuentan con la mayoría de representantes a la Cámara Baja en las delegaciones de 26 de los 50 estados del país. 

Ya ha pasado en los años 1.800 y 1.824: el presidente de Estados Unidos fue escogido por la Cámara de Representantes. Otro episodio de la historia electoral a destacar fue en 1.876 cuando una comisión bipartidista de congresistas, senadores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia asignaron los votos electorales al ganador Rutherford Hayes, después de que los estados de Florida, Carolina del Sur y Louisiana sometieran certificados electorales para los dos candidatos en contienda.

Por separado, el Senado sería el encargado de escoger al vicepresidente. En esta eventualidad, cada uno de los 100 senadores tiene derecho a un voto. Y para complicar las cosas, quien resulte ganador, no necesariamente tiene que pertenecer al mismo partido que el presidente elegido en la Cámara de Representantes.

Golpe a la democracia

La Constitución establece que el periodo del presidente finaliza al mediodía del 20 de enero. Si para esta fecha el Poder Legislativo no ha resuelto eventuales disputas para escoger al presidente y al vicepresidente, la tercera en la línea de sucesión es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien podría posesionarse como presidenta interina. 

Una buena parte de esta crisis imaginaria gira en torno a la posibilidad de que el Partido Republicano retenga su mayoría en el Senado, es decir, si gana los dos escaños que están por definirse en el estado de Georgia. Esto significa que el control del Senado será crucial, porque si los demócratas obtienen la mayoría en ambas Cámaras, Joe Biden no tendría motivos para preocuparse. 

Lo más seguro es que el próximo 6 de enero veremos a Mike Pence unirse al grupo de anteriores vicepresidentes [John C. Breckinridge (1861), Richard Nixon (1961), Hubert Humphrey (1969) y Al Gore (2001)] que en la sesión conjunta del Congreso anunciaron su propia derrota electoral para darle el triunfo a sus oponentes. Después de anunciar los votos de cada estado, al final de la cuenta, el vicepresidente tiene que declarar el nombre del próximo presidente y vicepresidente.

El calculado sabotaje de Trump a la elección presidencial de los Estados Unidos representa un asalto a la democracia, cuyas consecuencias aún están por verse. Aunque el Colegio Electoral se reúna sin inconvenientes, se anuncie la victoria de Joe Biden, y Donald Trump acepte su derrota a regañadientes y abandone la Casa Blanca el 20 de enero, el daño ya está hecho. El mandatario logró sembrar dudas en una importante parte del electorado poniendo en tela de juicio el triunfo de Biden y, lo que es aún más grave, la legitimidad del proceso democrático.

 

27 Comments

  1. Un verdadero artículo:

    Distinguida señora Janiot, he leído su artículo titulado “La jugada sucia” dedicado a la batalla judicial que lleva el presidente Donald Trump cuestionando los resultados electorales que algunos han dado como ciertos, artículo que usted ha publicado en su blog. Y dada la relevancia de su opinión, así como también el tinte judicial que al mismo imprime, tema que es de mi especialidad, no he resistido a la tentación de responderle con el respeto que usted se merece.
    Dice usted que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden, a pesar de haber sufrido numerosos reveses legales. Los jueces han desestimado mas de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”
    Déjeme decirle que el hecho de que se le hubiesen desestimado más de 30 demandas al equipo legal de Donald Trump no es una mala noticia para él, por el contrario, le resulta favorable ¿le sorprende esta afirmación? Le explico:
    Para poder llegar con un caso ante la Corte Suprema se requiere haberlo perdido en los tribunales inferiores pues se trata de un sistema escalonado donde se demanda una petición ante tribunales de base, si allí se produce un rechazo se apela a la instancia superior, y así hasta llegar a la cúspide que es donde se dicta la sentencia definitiva y esa si es la última palabra que todo el mundo tiene que acatar.
    Y mejor aún si “los reveses legales” son muchos al punto que involucren un alto porcentaje de votos que comprometan la decisión electoral final en cuanto a número de delegados. De tal manera que de ser anulados esos “reveses” el resultado a quien va a favorecer es al candidato que venía apareciendo como perdidoso y quien al declararse judicialmente la verdad éste será el ganador.
    Observe, señora Janiot, que las objeciones que se están haciendo a los resultados publicados están radicadas en tres áreas que son (1) irregularidades al contar los votos y también en el recuento donde se ha dado (2) respecto a los votos por correo, y (3) tergiversación de resultados por manipulaciones en las máquinas escrutadoras.
    En el caso Bush-Gore el planteamiento que ganó fue el de irregularidades en el recuento porque en los distintos Condados del estado de Florida, que era el decisivo, se aplicaron procedimientos no regularizados, es decir improvisados y no uniformes, todo lo cual implicaba violación al derecho al trato igualitario establecido en la 14 enmienda de la Constitución. La Corte le dio la razón y anuló los resultados producto de tales irregularidades. Obvio que esa es la estrategia que ahora sigue el equipo legal de Trump.
    Los grandes medios han informado con un claro tono aprobatorio más o menos lo mismo que usted, señora Janiot, afirma: “Los jueces han desestimado más de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”
    Pero, muy probablemente los abogados de ese equipo legal por el contrario de sentirse derrotados se frotan las manos puesto que eso les permitirá agotar los recursos ante los tribunales locales para poder presentar un Writ of Certiorari ante la Corte Suprema alegando un fraude que va mucho más allá de un tema local, un fraude nacional violatorio de leyes federales entre ellas las referidas al mismo derecho de la citada enmienda 14.
    Hasta ahora los abogados de Trump han demandado en Michigan, Nevada, Pennsylvania, Arizona y Georgia donde han presentado una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos como medio comprobatorio de irregularidades en base a las que piden la nulidad del proceso, demandas que han sido rechazadas sin siquiera haber llamado a esos testigos a ratificar sus declaraciones.
    En esos estados donde se han acusado manipulaciones, sobre todo en las máquinas, no solo es que produjo violación al debido trato igualitario entre los votos escrutados por esas máquinas y los que no lo fueron, sino que además concurrió el hecho de que en el recuento se discriminó en cuanto que permitió el acceso cercano a los observadores de un partido y lejano a los del otro en competencia, hecho que independientemente de que la anulación no sea general sino sólo en algunas localidades no llegue a cambiar decisivamente el número de delegados para la elección presidencial, sí afecta la seguridad del debido proceso para auscultar de la voluntad del pueblo elector.
    También es de considerar que las denuncias sobre manipulación en los resultados emitidos por dichas máquinas tienen un alcance mucho más allá de ser un tema local ya que afecta a las propias instituciones, no solo a las electorales, y eso amerita un tratamiento de naturaleza criminal sobre el cual ha estado y está trabajando inclusive el FBI en las investigaciones que sobre ese tópico ordenó el Fiscal General William Barr.
    De tal manera que podríamos resumir que esas más de 30 decisiones desestimatorias” de tal número de demandas, que por lo demás estuvieron soportadas en una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos involucrados en los hechos y a quienes ni siquiera se dio oportunidad de ratificar esos dichos ante el tribunal no hace más que dotar a ese equipo legal de una muy fuerte argumentación como para que la Alta Corte sentencie a su favor.
    Dice usted señora Janiot que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden…” afirmación esa que parece desconocer el hecho de que en nuestro sistema democrático republicano priva el principio del control institucional según el cual en estos casos la última palabra le corresponde darla al poder judicial por lo que más bien yo diría que Donald Trump se niega a aceptar que Joe Biden haya ganado las elecciones pues hay fuertes, concordantes y precisas evidencias de lo contrario y que ese conflicto se encuentra en curso ante el muy confiable sistema judicial norteamericano.
    Y por cierto, el presidente Trump, obligado por el calendario, está cumpliendo con los trámites administrativos necesarios para concordar con el equipo del señor Biden una sucesión republicanamente ordenada cuyos efectos legales definitivos quedarían firmes si al final éste es declarado por el Congreso como Presidente de los Estados Unidos en la fecha establecida en la Constitución que es el próximo 20 de enero una vez agotados todos los recursos de la batalla judicial.
    No se trata de una rendición del reclamo que pueda anular los esfuerzos judiciales que prosiguen su curso.
    “We the people”
    Por las razones expuestas, distinguida señora, la negativa del presidente de aceptar el resultado que ofrecen medios de comunicación, por muy fuertes que estos sean, no es -como usted dice- “una jugada sucia”, sino un derecho concedido por el pueblo estadounidense bajo el amparo de la Constitución creada el 17 de septiembre de 1787, ratificada el 21 de junio de 1788 y en vigor desde el 21 de junio de 1789. Es una batalla que se desarrolla por ante el sistema judicial. Y no está solo el presidente Trump, en ello le acompaña un grueso número de ciudadanos, yo mismo entre ellos.
    Mis respetos para usted apreciada señora Patricia Janiot
    Nota: el artículo de la señora Patricia Janiot se puede ver en este enlace:
    http://www.patriciajaniot.news/index.php/2020/11/21/la-jugada-sucia/

    Patricia Janiot
    Carlos Ramírez López
    Dr Ley
    Donald Trump
    Batalla Judicial
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    Abogado Venezolano

    1. ¡Hola Francisco! Gracias por compartir la carta del Dr. Carlos Ramírez que ya había leído en las redes. La respuesta a la carta ya la dio la misma Corte Suprema. Te invito a revisar las últimas decisiones del alto tribunal.

  2. Si hay solo sospechas de FRAUDE no puede aceptar una supuesta derrota, eso seria Traición, como lo es hacer Fraude o engañar a los Votantes. Lamento que le desagrade el Sr. Trump y de hecho no tiene que caerle bien. Como ciudadano del Mundo Libre y sobreviviente del Comunismo, reconosco el peligro que existe con la radicalización del partido Democrata, al permitir elementos como Ocasio Cortez o la misma Kamala dentro del mismo.
    En mi opinión, el Sr Biden representa los intereses del Partido Comunista Chino y hay suficientes pruebas; que no han sido publicadas por los Medios Convencionales, lo que no significa que no existan.
    Estoy convencido, que aunque con su desagrado, tendremos un Mundo más seguro con el Sr, Trump asi como economia más fuerte y estable.
    Que Dios Bendiga a America. y la proteja de enemigos externos e internos.
    Saludos Cordiales
    Ernesto Lopez

  3. CARTA A PATRICIA JANIOT. Seguimiento a la batalla judicial Trump-Biden
    Carlos Ramírez López @carlosramirezl3

    Distinguida señora Janiot, he leído su artículo titulado “La jugada sucia” dedicado a la batalla judicial que lleva el presidente Donald Trump cuestionando los resultados electorales que algunos han dado como ciertos, artículo que usted ha publicado en su blog. Y dada la relevancia de su opinión, así como también el tinte judicial que al mismo imprime, tema que es de mi especialidad, no he resistido a la tentación de responderle con el respeto que usted se merece.

    Dice usted que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden, a pesar de haber sufrido numerosos reveses legales. Los jueces han desestimado mas de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”

    Déjeme decirle que el hecho de que se le hubiesen desestimado más de 30 demandas al equipo legal de Donald Trump no es una mala noticia para él, por el contrario, le resulta favorable ¿le sorprende esta afirmación? Le explico:

    Para poder llegar con un caso ante la Corte Suprema se requiere haberlo perdido en los tribunales inferiores pues se trata de un sistema escalonado donde se demanda una petición ante tribunales de base, si allí se produce un rechazo se apela a la instancia superior, y así hasta llegar a la cúspide que es donde se dicta la sentencia definitiva y esa si es la última palabra que todo el mundo tiene que acatar.

    Y mejor aún si “los reveses legales” son muchos al punto que involucren un alto porcentaje de votos que comprometan la decisión electoral final en cuanto a número de delegados. De tal manera que de ser anulados esos “reveses” el resultado a quien va a favorecer es al candidato que venía apareciendo como perdidoso y quien al declararse judicialmente la verdad éste será el ganador.

    Observe, señora Janiot, que las objeciones que se están haciendo a los resultados publicados están radicadas en tres áreas que son (1) irregularidades al contar los votos y también en el recuento donde se ha dado (2) respecto a los votos por correo, y (3) tergiversación de resultados por manipulaciones en las máquinas escrutadoras.

    En el caso Bush-Gore el planteamiento que ganó fue el de irregularidades en el recuento porque en los distintos Condados del estado de Florida, que era el decisivo, se aplicaron procedimientos no regularizados, es decir improvisados y no uniformes, todo lo cual implicaba violación al derecho al trato igualitario establecido en la 14 enmienda de la Constitución. La Corte le dio la razón y anuló los resultados producto de tales irregularidades. Obvio que esa es la estrategia que ahora sigue el equipo legal de Trump.
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    Los grandes medios han informado con un claro tono aprobatorio más o menos lo mismo que usted, señora Janiot, afirma: “Los jueces han desestimado más de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”

    Pero, muy probablemente los abogados de ese equipo legal por el contrario de sentirse derrotados se frotan las manos puesto que eso les permitirá agotar los recursos ante los tribunales locales para poder presentar un Writ of Certiorari ante la Corte Suprema alegando un fraude que va mucho más allá de un tema local, un fraude nacional violatorio de leyes federales entre ellas las referidas al mismo derecho de la citada enmienda 14.

    Hasta ahora los abogados de Trump han demandado en Michigan, Nevada, Pennsylvania, Arizona y Georgia donde han presentado una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos como medio comprobatorio de irregularidades en base a las que piden la nulidad del proceso, demandas que han sido rechazadas sin siquiera haber llamado a esos testigos a ratificar sus declaraciones.

    En esos estados donde se han acusado manipulaciones, sobre todo en las máquinas, no solo es que produjo violación al debido trato igualitario entre los votos escrutados por esas máquinas y los que no lo fueron, sino que además concurrió el hecho de que en el recuento se discriminó en cuanto que permitió el acceso cercano a los observadores de un partido y lejano a los del otro en competencia, hecho que independientemente de que la anulación no sea general sino sólo en algunas localidades no llegue a cambiar decisivamente el número de delegados para la elección presidencial, sí afecta la seguridad del debido proceso para auscultar de la voluntad del pueblo elector.

    También es de considerar que las denuncias sobre manipulación en los resultados emitidos por dichas máquinas tienen un alcance mucho más allá de ser un tema local ya que afecta a las propias instituciones, no solo a las electorales, y eso amerita un tratamiento de naturaleza criminal sobre el cual ha estado y está trabajando inclusive el FBI en las investigaciones que sobre ese tópico ordenó el Fiscal General William Barr.
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    De tal manera que podríamos resumir que esas más de 30 decisiones desestimatorias” de tal número de demandas, que por lo demás estuvieron soportadas en una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos involucrados en los hechos y a quienes ni siquiera se dio oportunidad de ratificar esos dichos ante el tribunal no hace más que dotar a ese equipo legal de una muy fuerte argumentación como para que la Alta Corte sentencie a su favor.

    Dice usted señora Janiot que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden…” afirmación esa que parece desconocer el hecho de que en nuestro sistema democrático republicano priva el principio del control institucional según el cual en estos casos la última palabra le corresponde darla al poder judicial por lo que más bien yo diría que Donald Trump se niega a aceptar que Joe Biden haya ganado las elecciones pues hay fuertes, concordantes y precisas evidencias de lo contrario y que ese conflicto se encuentra en curso ante el muy confiable sistema judicial norteamericano.

    Y por cierto, el presidente Trump, obligado por el calendario, está cumpliendo con los trámites administrativos necesarios para concordar con el equipo del señor Biden una sucesión republicanamente ordenada cuyos efectos legales definitivos quedarían firmes si al final éste es declarado por el Congreso como Presidente de los Estados Unidos en la fecha establecida en la Constitución que es el próximo 20 de enero una vez agotados todos los recursos de la batalla judicial.

    No se trata de una rendición del reclamo que pueda anular los esfuerzos judiciales que prosiguen su curso.
    “We the people”

    Por las razones expuestas, distinguida señora, la negativa del presidente de aceptar el resultado que ofrecen medios de comunicación, por muy fuertes que estos sean, no es -como usted dice- “una jugada sucia”, sino un derecho concedido por el pueblo estadounidense bajo el amparo de la Constitución creada el 17 de septiembre de 1787, ratificada el 21 de junio de 1788 y en vigor desde el 21 de junio de 1789. Es una batalla que se desarrolla por ante el sistema judicial. Y no está solo el presidente Trump, en ello le acompaña un grueso número de ciudadanos, yo mismo entre ellos.

    Mis respetos para usted apreciada señora Patricia Janiot

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