¿Cómo le explica uno a quienes preguntan sorprendidos por el escándalo de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y su hermano narcotraficante convicto?
¿Cómo justificar que Álvaro Uribe, quien ocupó durante 8 años la primera magistratura, tuvo como principal asesor presidencial a José Obdulio Gaviria, primo hermano del tristemente célebre y despiadado narcoterrorista Pablo Escobar, y que haya sido ese gobierno uno de los más populares y controvertidos de Colombia?
¿Qué razones le deberíamos dar a quienes preguntan por el que fuera el máximo comandante de la Policía Nacional de Colombia y exvicepresidente, el general Óscar Naranjo, nombrado el mejor policía del mundo, mientras su hermano en el año 2006 fue condenado en Alemania por narcotráfico?
¿Cómo evadir la vergüenza de haber elegido a Ernesto Samper, un mandatario que seguramente hubiera perdido la campaña presidencial si no hubiese contado con el millonario aporte del Cartel de Cali?
¿Cómo justificar que hemos votado por una buena parte de congresistas que le rinden cuentas al narco-paramilitarismo y que por décadas la compra de votos ha sido su modus operandi para asegurar sus curules y ayudar a elegir al presidente de turno?
¿Cómo excusar ante los ojos del mundo que en un terreno propiedad de la familia del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, se hallaron el pasado mes de febrero laboratorios de cocaína?
¿Qué le dices a quienes elogian los acuerdos de paz para hacerles entender que la leña que avivó el fuego de la guerra fue el cordón umbilical que los alzados en armas mantuvieron con el narcotráfico durante 40 años, y que con sus tentáculos de violencia y corrupción no se puede construir una paz sostenible?
¿Cómo argumentas que los narcos, los paramilitares y no pocos en las fuerzas armadas se atraen entre sí porque la guerrilla y el socialismo son un enemigo en común?
El periodista Gonzalo Guillén, que amparado por la justicia y la libertad de expresión, describe a Uribe como narco, paramilitar, mafioso, asesino, ladrón y matarife, fue coautor del reportaje de La Nueva Prensa que sacó a la luz pública la condena en una prisión estadounidense por narcotráfico del hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
El caso del hermano narco de la vicepresidenta nos recuerda parte de las respuestas: permitimos que el negocio sucio de las drogas penetrara en la política, en la justicia, en las fuerzas armadas, en las empresas, en la economía, en el sistema financiero, en los colegios y universidades, en el fútbol, en los reinados de belleza y en los clubes privados. Se metieron en la vida de muchas familias colombianas, sin importar la condición social.
A pesar de que muchos gobiernos han dado una lucha sin cuartel para enfrentar a los narcotraficantes con la muerte, la extradición, las largas condenas de prisión, la pérdida de sus propiedades, la vigilancia financiera, la inhabilitación política, y en parte, con el rechazo social, estas armas no han sido suficientes. Las millonarias ganancias del negocio han sido más poderosas.
¿Cómo es posible que la vicepresidenta, una mujer con una carrera política brillante -que no ha tenido ninguna otra colombiana y que muchas envidiarían- sume al país en la comidilla del señalamiento nacional e internacional por un secreto familiar que la avergüenza?
Marta Lucía Ramírez es una funcionaria que aprendimos a respetar por su seriedad, su firmeza y su compromiso con esas causas que compartimos como nación. Desde que hizo historia al convertirse en la primera ministra de Defensa de Colombia, la lucha contra el narcotráfico fue su principal objetivo. La conocimos también por su prédica sobre la transparencia de lo público y la reivindicación de la mujer como una pieza fundamental en el desarrollo del país.
Ha tenido la valentía de liderar la guerra contra el temido mundo del narcotráfico, ha enfrentado a sus contrincantes políticos en encarnizados debates de campaña presidencial y ha dado una férrea pelea contra sus adversarios en acaloradas discusiones en el Congreso. Ha defendido en innumerables foros internacionales el potencial económico de Colombia y su talento humano.
Sin embargo, no tuvo el valor ni el coraje de contarnos, en algún momento de los últimos 23 años, que su hermano fue un narcotraficante confeso y que cumplió una pena de prisión en Estados Unidos a finales de los 90. Solo se atrevió a hacerlo cuando una nota periodística del portal La Nueva Prensa la desenmascaró y no le quedó más remedio que afrontar el pasado familiar que la agobiaba.
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”, aseveró el filósofo Cicerón hace unos siglos atrás. Por más vergüenza que sintiera, por más solidaridad que tuviera con sus familiares, ella sabe muy bien que el desempeño de los funcionarios está expuesto al escrutinio público. Incluso, su vida privada, que por la naturaleza de los hechos o de los temas, puede tener eco en la órbita pública. Por ética, por transparencia, por asumir una mayor responsabilidad frente a la República desde los altos cargos que ocupó, la vicepresidenta debió haber confesado su secreto familiar mucho antes.
Como si fuera poco, ahora nos enteramos por la columna de Vicky Dávila en la revista Semana, que ni siquiera se lo contó al presidente Iván Duque.
Se lo reveló el mismo día en que se publicó la primicia. ¿Lo sabía el presidente por otra fuente y aun así la designó como su compañera de fórmula? ¿Le habría contado el expresidente Álvaro Uribe? Marta Lucía ha manifestado que le relató de los antecedentes de su hermano a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes no tuvieron reparos para nombrarla ministra en sus respectivos gabinetes y ahora la han vuelto a respaldar.
Por respeto, lealtad y honorabilidad, Marta Lucía tenía la obligación de comunicárselo al entonces candidato Iván Duque. El presidente de un país agobiado por décadas por la tragedia sangrienta del narcotráfico, tiene derecho a saberlo.
Es de suponer que en esta oportunidad, Marta Lucía privilegió su propia carrera política por encima de los intereses de Colombia. Estoy segura de que si hubiese admitido a tiempo, con sinceridad y entereza, el país no le hubiera cobrado tan alta la factura, porque nadie escoge a su familia. Esa verdad, aunque dolorosa e incómoda, humanizaría una realidad con la que en Colombia nos tropezamos a la vuelta de cualquier esquina. Ya es muy tarde y el escándalo le explotó en el pico de su carrera, salpicando la imagen de Colombia en el mundo, esa que tanto trabajo nos ha costado rescatar.
El escándalo aviva los señalamientos de sus opositores con respecto a los negocios del esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, con Guillermo León Acevedo, acusado de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo y, de paso, a sus adversarios les da munición para atacarla por supuestos conflictos de interés que habrían beneficiado a los negocios familiares.
“Cuando asumimos, acordamos con el presidente Iván Duque lograr un gobierno eficiente y transparente que permitiera recuperar la confianza ciudadana en lo público”, escribió la vicepresidenta en su columna de El Tiempo del pasado 15 de enero
¿Cómo podemos confiar en lo público cuando sus más altos representantes le ocultan a sus electores una verdad que tienen derecho a saber?
La vicepresidenta Ramírez es una funcionaria cuya larga trayectoria puesta al servicio de Colombia, ha sido ejemplo e inspiración para muchas colombianas. Lamentablemente este error de juicio de Marta Lucía Ramírez, sin dudas, le significará un alto costo político. No solo la confianza está minada, sino que su futuro político ha quedado seriamente comprometido.
Los colombianos no podemos darnos el lujo de exponernos a nuevos cuestionamientos sobre la relación del narcotráfico con amplios sectores de nuestra sociedad, pero sobre todo con nuestra clase dirigente, si es que algún día queremos sacudirnos, de una vez por todas, la imagen de pertenecer a una narcodemocracia.
Excelente columna ! Porfin una Periodista sensata que se pone en los zapatos de muchos Colombianos, que cuando pedimos explicaciones por el Narcogobierno en el que estamos atrapados nos tildan de castrochavistas y guerrilleros, por que tenga claro Patricia que en Colombia prefieren conprar votos con ayuda de Narcos y robarse la Presidencia,prefieren tener un Presidente dirijido por un matarife con una Vice enlodada hasta el cuello y prefieren mil.veces un gobierno lleno de narcotraficantes a que algun dia pueda subir otra persona a la presidencia, por que usted en Colombia puede ser Traqueto, Narco Matarife pero nunca Mamerto !
Es preocupante, que este gobierno del presidentd Duque, justifique las actuaciones de la vicepresidenta, pero me parece mas grave, traumatico, q se unieron periodistas, a apiyar, minimizar la actuacion de la vicepresidenta, se siente pena ajena, y hasta como ciydadano se duda q hayan adquirido el titulo de profesional en Periodismo, es una verguenza para Colombia, q el periodista no cumpla con la funcion de INFORMAR ASI SEA DEL MAS PODEROSO. En Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil,panama, Peru, han investigado, acusado y condenado, presidentes, vicepresidentes, q han cometido delitos, en Colombia, no hay separacion de poderes, todos unidos para justificar las acciones delictivas de los servidores publicos, gobernantes, es en verdad un horror.
Patricia janioth, olvido mencionar la parte normativa, hubiese quedado completo. La vicepresidenta, tenia la obligacion, de informar a sus electores, sobre omision, de haber no haber informado sobre los delutos de su familia, esposo y su actuacion. Eso no la hace respinsable de los delitos que haya cometido un miembro de la familia. Es por transparencia. ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: SOBRE EL TEMA: Que trata sobre el tema. Vicepresidencia y servidores publicos ART. 2,4,6,123,124,173,174,175,198,202. SENTENCIA 594/ 7 Dic/1995.
Es una penosa realidad. Hemos construido una cultura del todo vale para arrasar a nuestro contradictor. URIBE promueve el todo vale. La izquierda promueve el engaño y el todo lo merecemos sin esfuerzo. Hemos llegado al fondo del fondo.
Colombia esta PODRIDA, esa es la verdad. Somos una cultura narco que minimiza cualquier delito que cometa su caudillo político. La ética paso a ser una palabra de politiqueros en campaña que la han prostituido de forma miserable.
Vernos forzados a elegir entre “el que diga Uribe” (falsos positivos y mundo obscuro), Petro (ególatra, bolsas de dinero), y Fajardo (hidroituandmgo sin caracter)….nos lleva a convencernos que NO tenemos futuro a corto olazo. Y si a todo eso le sumamos los Congresistas como José Obdulio, Mejia, Roy, los Paolos, Benedetti, etc….
El último que salga que apague la luz……se quedarán allá solo los ganaderos testaferros de narcos y Sarmiento Angulo.
Que desastre y que impotencia.